¿Para qué sirve la televisión pública?

La televisión autonómica no ejerce su verdadera tarea

La televisión autonómica no ejerce su verdadera tarea

Desgraciadamente muchas personas están quedándose sin empleo en las televisiones y radios públicas de algunas comunidades autónomas en España. La causa está en las deudas económicas que poseen estos medios de comunicación que se pagan con nuestros impuestos y con los anuncios publicitarios. Algunos de ellos dependen de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicas (FORTA).

En España hay -pagamos- doce televisiones con sus respectivas radios y sitios web. Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, País Vasco, Castilla La Mancha, Canarias, Murcia, Aragón, Asturias y Baleares. El resto de comunidades y ciudades autónomas se las apañan para no formar parte de la FORTA. Por ejemplo, en Extremadura existe desde 2000 la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Hay otros casos como los de Radiotelevisión Ceuta, Televisión Rioja, Televisión Melilla, Radiotelevisión de Castilla León, y Navarra Televisión.

Además cada contribuyente desembolsa al año una cantidad de euros para pagar Radio Televisión Española (RTVE) con todos sus canales televisivos, sus radios y su impactante y multimedia sitio web.

Cada corporación audiovisual tiene su misión y su visión. Además, dan empleo a miles de personas. La mayoría de ellas están al servicio del gobierno de turno, ya sea de izquierdas o de derechas. Que nadie espere ver en una comunidad autónoma gobernada por la derecha una noticia que vaya en contra de la derecha, o viceversa. Es así. En ocasiones, uno ve las noticias regionales y saca la conclusión de que murió el NO-DO pero nació el “boletín oficial del gobierno autonómico”. Siéntense a ver los informativos o telediarios. Una pena.

La vocación de estos medios de comunicación es -debería ser- la de informar desde todos los puntos de vista para que el ciudadano pueda crearse su propia opinión. En pocas ocasiones esto se cumple. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de las televisiones y radios públicas si no dan un servicio a los ciudadanos?

La Ley General de Comunicación Audiovisual explica que “las Comunidades Autónomas podrán decidir sobre la prestación del servicio público de comunicación audiovisual, pudiendo optar por la gestión directa o indirecta del mismo a través de distintas fórmulas que incluyan modalidades de colaboración público-privada. Si deciden no prestar el servicio público de comunicación audiovisual, las Comunidades Autónomas podrán convocar los correspondientes concursos para la adjudicación de licencias”.

Lo que no es tolerable es que las televisiones públicas sean una oficina de empleo para amigos y conocidos del político, consejero, asesor, concejal, simpatizante o afiliado del partido que gobierna en la comunidad autónoma. Los cargos directivos cambian cuando los ciudadanos optan por cambiar el gobierno en las urnas. Estos cargos directivos van acompañados de sueldos estupendos por gestionar.

El “chollazo” es ser director de informativos, director de la televisión, director de la radio o director de cualquier idea brillante que alguien se invente. La cuestión está en hacer lo posible para que el marido de la cuñada del concejal cobre una pasta por el mero hecho de ser afín al partido. Hay que pagar los favores, ya se sabe.

En el mundo en el que vivimos, gracias a internet y a la gran oferta de televisiones privadas, existen centenares de fuentes de información y opinión que pueden ayudarnos a conformar nuestro criterio. Todo el mundo tiene una ideología y una forma de pensar que puede reafirmar escuchando a “los suyos” o nutrir escuchando a los contrarios. Cierren ya las televisiones públicas. Privaticenlas. Que ni un euro más vaya destinado a hacer propaganda del partido que gobierna.

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Un comentario en “¿Para qué sirve la televisión pública?

  1. Sáenz de Santamaría ha indicado que la reforma de la Ley Audiovisual ha sido presentada “con carácter más urgente” porque se trataba de un compromiso electoral del PP, pero también porque es una medida “urgente y necesaria” para garantizar la “viabilidad” del servicio de televisión público autonómico y “abrir a las comunidades autónomas otros mecanismos de gestión que coadyuven a la mejora de sus cuentas públicas”.

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